A lo largo del 2022, han salido a la luz varios hechos de malversación de fondos públicos en el Municipio de Esquel y la justicia logró comprobar, acusar y condenar el primer hecho de corrupción ocurrido bajo la gestión de Ongarato.

Desde el pago del alquiler de oficinas que nunca fueron utilizadas, pasando por la causa del robo de la Terminal de ómnibus, sumado al despilfarro por “arreglos navideños” que no colman la expectativa de nadie, se configuró una práctica en donde los recursos del Municipio son utilizados reiteradamente para cubrir la inoperancia de funcionarios que usan el dinero de los contribuyentes discrecionalmente.

Sin embargo, en las últimas horas, nació una nueva polémica a raíz del anuncio del cese de actividades en algunos comedores y merenderos de la ciudad. Si bien el Municipio ha comunicado que la medida responde a una decisión de los responsables de los comedores, las Juntas Vecinales denunciaron “una cama” por parte de la Municipalidad, señalando que solo le entregaron mercadería hasta el 15 de diciembre, limitando gravemente el funcionamiento de los mismos hasta marzo.

Con tanta necesidad que pasan los vecinos en una delicada situación económica ¿a dónde se dirige el presupuesto de la gestión de Ongarato? ¿Hay dinero para tapar las “desprolijidades administrativas”, pero no para asistir a las familias de los barrios?

Un año de despilfarro

El polémico alquiler de la calle Darwin tomó estado público por mera casualidad, al publicarse en el Boletín Oficial una curiosa erogación de cerca de $3 millones de pesos en concepto de unas oficinas de las que nadie sabía de su existencia.

El hecho, que involucraba al intendente Sergio Ongarato, al exsecretario de Hacienda, Matías Taccetta, y al exsecretario de Obras Públicas, Alejandro Wengier, llegó a la justicia luego de que los ediles de la oposición realizaran una presentación en el Ministerio Público Fiscal, tras fracasar la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante.

En su dictamen, la Fiscalía de Esquel señaló la inexistencia de delito penal, pero sostuvo la “desidia y negligencia” por parte de funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de alquiler y la resolución del pago. Aunque el intendente dijo que iba a iniciar un sumario interno para comprobar dónde estuvo el error, todavía los vecinos esperan que haya una muestra de decoro y - de una vez por todas – no sean los únicos afectados por las malas decisiones de sus representantes.

Por otro lado, la cara del primer hecho de corrupción comprobado bajo el Gobierno de Ongarato, es Andrea Rowlands. La ex gerente de la Terminal de Óminibus, entre 2015 y 2019, malversó alrededor de $2 millones de pesos de la recaudación de la dependencia municipal y  emitió constancias de pagos apócrifas.

La apuntada accedió a un juicio abreviado luego de reconocer su responsabilidad en los hechos y fue condenada a 2 años de prisión en suspenso y la inhabilitación de ocupar cargos públicos. Sin embargo, no fue sancionada a resarcir ni un solo peso “del vuelto” que se quedó de las arcas municipales, en donde el monto actualizado rozaría los $7.500.000 pesos.

Según dice el dicho, a veces, “una imagen vale más que mil palabras”. Y no existe mejor eufemismo para explicar lo que fue la expectativa generada ante la presentación del Paseo Navideño y el resultado final de la ornamentación del lugar.

Entre memes y mensajes radiales, los vecinos demostraron el disgusto por la diferencia entre el “render” y el resultado final de la intervención de la plazoleta de la calle Yrigoyen, donde las luces, materiales y mano de obra costaron a la intendencia cerca de $10.000.000. Para completar, los fondos fueron asignados por el Ente Mixto de Turismo a una empresa que mantiene una dudosa vinculación con el actual secretario de Turismo, Gustavo Simielli.

Tensión

En el momento en que el Municipio comunicó oficialmente el cese del funcionamiento de los comedores del Chanico Navarro, Bella Vista, Badén y Matadero, las autoridades de las Juntas Vecinales denunciaron una “cama” por parte de los funcionarios de Sergio Ongarato.

Según expresaron algunos presidentes barriales, desde el Municipio les pidieron que elevaran una nota para informar la fecha del cierre del funcionamiento de los comedores; sin embargo, dichos comunicados fueron utilizados por el Ejecutivo para realizar un informe oficial, en el cual volcaron la responsabilidad en las Juntas Vecinales, ocultando el incumplimiento y la falta de gestión para seguir asistiendo por más tiempo a las familias de la ciudad.

Al respecto, en una declaración vertida en el Diario Jornada, una de las vecinas se despachó contra la Secretaría de Desarrollo Social: “salieron a decir que nosotros éramos los responsables del cierre de los comedores, pero en realidad es la gestión municipal”, dijo la damnificada.

Otra vecina manifestó la desilusión porque “confiaron” en la palabra del Municipio y les exigieron la nota para informar el cierre de los comedores. En ese sentido, desde algunas Juntas Vecinales indicaron que harán el esfuerzo de mantener las actividades con la ayuda de la comunidad, para seguir ayudando a los vecinos y “no darle el gusto a la Municipalidad”, sentenció.

Para pocos

Tan solo en esos tres controvertidos actos de gestión, si el Municipio verdaderamente tendría interés de recuperar parte del dinero malgastado, podría disponer de cerca de $15 millones de pesos; una cifra 33% superior a la destinada en 2022 a la compra de mercadería para los comedores barriales.

Entonces ¿por qué la gestión de Ongarato planifica la compra solamente de marzo a diciembre? Que suceda lo mismo, año tras año, revela que no se trata simplemente de un error de cálculo; es - lisa y llanamente - una decisión política.