La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, a cargo del fiscal general Omar Rodríguez, y que acusó a los tres imputados de los delitos de defraudación por administración fraudulenta en contra de la administración pública.

En el caso de Graciela Cigudosa por 22 hechos y dos tentados, Raul Care, por 22 hechos y Ariel Hueichan 18 hechos.

Al momento de presentar la acusación adelanto la pena que pedirá en el juicio. Para Cigudosa y Raúl Care 3 años y seis meses, y para Ariel Hueichan 2 años de prisión.

Los investigadores sostienen que “todo el ardid entre los funcionarios y los contratistas tenía como objetivo la obtención de un lucro indebido” y para ello hubo un “plan para evitar ser detectados en el accionar por los distintos órganos de control”.

También consideraron que “los instrumentos administrativos firmados por la ex Ministro permitieron abrir el camino para la configuración de la maniobra ilícita”.

Del listado original de imputados, algunos contratistas fueron sobreseídos y otros se acogieron a la “probation”.