En el segundo semestre vence el plazo de concesión de cinco represas hidroeléctricas y el Gobierno nacional trabaja en que vuelvan a manos del Estado para que sean operadas junto con las provincias.

El dato -adelantado por Noticias Argentinas- despertó la alerta de los presentes en el encuentro IDEA Energía 2023, entre los que figuraban operadores que podrían quedar afuera del negocio. Se recalcó que las fuentes de trabajo (hoy generados por operadoras privadas) no se verían afectados por la estatización de las represas. 

Neuquén y Río Negro tienen la mirada puesta en esa definición, ya que en agosto empiezan a vencer los contratos de varias represas del Comahue. Son los complejos hidroeléctricos de Alicurá (1.000 Mw) operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy; y Piedra del Águila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, todas con vencimiento de concesión previstos para el segundo semestre. Estas centrales produce un 20% del total.

En Chubut en 2025 vence el contrato de concesión de Hidroeléctrica Futaleufú, que opera la presa a pocos kilómetros de Trevelin. El control de la firma, con el 60,2% de las acciones, lo tiene el Grupo Aluar; pero el Estado chubutense tiene un 33,51% de ese paquete. Se presume que si avanza la estrategia estatizadora en Neuquén y Río Negro, en 2024 ocurrirá lo mismo con la central ubicada en Chubut.