Él nació en 1976; ella, en 1977. Hasta hace unos pocos días no se conocían y mucho menos sabían que eran hermanos de padre y madre. La confirmación les llegó a través del juzgado federal de Alejo Ramos Padilla en La Plata, después de que así lo informó el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Si bien el magistrado no descarta que sean hijos de personas desaparecidas, esto no pudo acreditarse por el momento. Lo que sí está claro es, remarca Ramos Padilla, que estos dos hermanos se vieron privados de un derecho fundamental: el derecho a la identidad.

La investigación se inició en 2016 a partir de una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo –tramitada por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), que dirige el fiscal Pablo Parenti– que decía que una chica podía ser hija de personas desaparecidas porque había sido anotada como propia por un agente de la Policía bonaerense.

La muchacha se presentó ante el Juzgado federal de La Plata y accedió a realizarse los análisis genéticos. El resultado fue negativo: su muestra no impactó en ninguno de los registros de familiares de detenidos-desaparecidos que allí estaban almacenados. El caso quedó cerrado.

Hace un tiempo se presentó un muchacho con dudas sobre sus orígenes a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Cuando se testeó, su muestra resultó compatible con la chica que había sido convocada por el juzgado tiempo atrás.

Con esa información, Ramos Padilla hizo una reunión con Abuelas de Plaza de Mayo y con la Conadi. Después se decidió a avanzar con los dos jóvenes –cuya identidad no trascendió desde el juzgado–: los citó a cada uno en un horario distinto. Les contó del hallazgo del BNDG y les preguntó si querían conocerse. Los dos accedieron. Su sangre les permitió encontrarse. Ahora, la pregunta es quiénes son su madre, su padre o el resto de sus familiares.

El policía que se apropió de la chica se presentó ante el juzgado y confesó cómo fue la mecánica. Dijo que, como no podía tener hijos, su médico de toda la vida le sugirió ponerse en contacto con su esposa que era ginecóloga y obstetra. Fue a través de esta médica que se produjo la entrega de una beba en 1977. Ella, además, firmó el certificado como si el nacimiento se hubiera producido en la casa, por lo que no podía contrastarse con otros registros.

El juez sostuvo en su resolución que en el caso de los dos hermanos no puede descartarse que se trate de apropiaciones cometidas en el marco del terrorismo de Estado, por lo que correspondería entender lo sucedido como delitos de lesa humanidad. Un punto importante para la sospecha es la fecha de los nacimientos y también que la beba haya quedado en poder de un policía bonaerense.