Con la licitación lanzada y publicada exclusivamente en el Boletín Oficial a mediados de abril, el gobierno de Chubut finalmente dio marcha atrás con la privatización del sistema de recaudación de los impuestos provinciales. La noticia llegó a través de la Resolución 167 que lleva la firma del ministro Oscar Antonena.

Allí se argumenta que el proceso licitatorio fue desaconsejado por el Contador General de Chubut. En realidad, la provincia no designó formalmente a nadie en ese cargo, que es ocupado actualmente por el adjunto Mario Owen; quien cumplió con el deber que le impone el cargo.

El ministro Oscar Antonena y el gobernador Mariano Arcioni retrocedieron por el momento en su afán de "privatizar" el proceso de recaudación de impuestos provinciales que habían lanzado hace poco más de diez días en el Boletín Oficial y que preveía un plazo de aplicación de seis años.

Las aspiraciones gubernamentales de poner en manos de una empresa privada el esquema de recaudación tributaria de Chubut chocaron con un dictamen emitido por el adjunto de la Contaduría General de la provincia Mario Owen, quien dictaminó la inconveniencia de llevar adelante la licitación y el proceso privatista.

Mediante la Resolución 167 Antonena debió admitir que "mediante la Nota 543/23 el Contador General de la provincia dictaminó sobre el trámite formal del proceso licitatorio, aconsejando la inconveniencia de su prosecución por cuestiones que atañen a eventuales planteos de nulificatorios que pudiesen suscitarse".

La licitación que iba a concretarse el próximo 28 de abril con la apertura de los sobres no contó solamente con el rechazo de Owen, sino que además habría tenido la visión contraria de otros dos funcionarios provinciales como el gerente general de la Unidad Ejecutora Provincial, Rosendo Lago, -organismo encargado de llevar adelante el proceso licitatorio-, y el director general de Rentas, Gerardo Minnaard.

Para el proceso privatista que iba a abrir las puertas de la recaudación provincial al sector privado se había destinado un presupuesto de 15.840 millones de pesos. Ahora Antonena la iniciativa quedó bloqueada y Economía deberá devolver la plata a las empresas que hayan comprado pliegos licitatorios.